Esquina Noreste

El futuro del pasado: los monumentos y el patrimonio histórico edificado y cultural de Tamaulipas

 

Octavio Herrera Pérez

 

La semana pasada, en un inusual desplegado de la prensa, se dio a conocer una noticia que ponía en primer plano el interés por los monumentos y sitios históricos de nuestra entidad. Esto fue producto de una reunión encabezada por el Ejecutivo del Estado, en la que se abordaron temas relativos a las necesidades y requerimientos de la actualización del ordenamiento urbano para el estado de Tamaulipas, un tema sin duda relevante, dada la diversidad de ciudades que caracteriza el horizonte geográfico estatal. Esto era lo destacado y así lo expresó el Gobernador con sus palabras al término del evento. Sin embargo, esta no fue la nota del boletín oficial del día siguiente, sino destacar el interés por la protección de los monumentos y sitios históricos de Tamaulipas, al parecer porque a esa reunión acudió una representante del ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), que es una asociación civil no gubernamental, con sede en París y corresponsalías en el mundo, como en México, ligada a la UNESCO, fundada a raíz de la firma de la Carta de Venecia en 1964, cuyo objetivo es enfocarse a proteger lo que se considera Patrimonio Cultural de la Humanidad, promoviendo la teoría, tecnología, metodología y técnica que se aplican para la protección y valorización de dichos monumentos.

Lo anterior es indudablemente plausible, dada la marginalidad en la que siempre se ha encontrado Tamaulipas de la atención de las instituciones nacionales por proteger el patrimonio que existe o está en peligro de desaparecer en nuestra entidad. Pero también cabe señalar que la preocupación por conservar y valorar lo que tenemos no es novedad alguna, aunque sí hay que señalar que los escollos y obstrucciones que han estado y están presentes impiden que se avance en esta materia. De entrada, cabría señalar que ha sido la propia Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (la promotora del evento en cuestión) la que ha desarrollado un constante y paciente trabajo de registro y catalogación del patrimonio edificado del estado desde 1999, cubriéndose las principales ciudades de la entidad y más de 20 de los municipios menores; se han elaborado más de dos mil 800 registros de inmuebles valorados como históricos, con su correspondiente localización, levantamientos arquitectónico y fotográfico, documentación histórica, registro catastral y especificación de cada propietario. También se han señalado los edificios más importantes que requerían una intervención de las autoridades para su conservación; en suma, se elaboraron 18 catálogos, quedando en proceso otra buena cantidad. Incluso se logró que fuera la SEDUMA la que tuviera la plena jurisdicción legal en materia de monumentos históricos en la Ley Orgánica del estado, conforme sus propias competencias y facultades apegadas a los lineamientos de la Ley Federal de Monumentos. Por tanto, se puede decir que buena parte del trabajo por hacer ya está hecho, solo habría que darle continuidad, enriquecerlo y hacerlo debidamente público. En esta tarea, es digno de mencionar la profesionalidad del protagonista directo de esta titánica empresa, el arquitecto Candelario Morón Guzmán, quien desarrolló a lo largo de tres sexenios, como un verdadero trabajador oficial de carrera, una tarea que exigió viajes y recorridos a detalle por todo el estado, en todos los tiempos y sorteando las inseguridades que campearon sobre nuestra entidad, pero lamentablemente, su labor se vio truncada en la nueva transición gubernamental, una pérdida que el patrimonio tamaulipeco resiente, pues se trataba de un funcionario que hacía de su trabajo una misión de la más alta responsabilidad.

En contraste tenemos en Tamaulipas una instancia federal dedicada expresamente y por ley a velar por al patrimonio edificado de la entidad, pero su relieve público ha sido por años tan insignificante, que ya hasta me olvidé de sus siglas. Incluso su titular creo que tiene en el cargo más de una década, sin haber dado alguna vez una conferencia de prensa sobre las actividades de su dependencia y programa de trabajo, y que sobrevivió hasta el presente porque la Providencia hizo que su primo resultara gobernador del estado, y como a nadie interesa el patrimonio histórico estatal, pues allí permanecerá, per secula seculorum. Lo grave es que en todo este tiempo se ha acumulado la negligencia institucional de dicha dependencia, entre cuyos casos, que ya suman montones y no cabrían en estas líneas, se puede mencionar su directa responsabilidad, por omisión deliberada, en el desplome de la Iglesia de San Antonio de Padilla, un inmueble del siglo XVIII y de destacadísimo relieve como sitio histórico nacional, porque aparte de ser una obra colonial, fue el sitio de sepultura del ex emperador Agustín de Iturbide y del insurgente Manuel Mier y Terán. La nula atención a la peligrosa inclinación del campanario del templo de la antigua ciudad de Horcasitas (Magiscatzin), también colonial, que sigue estando hoy en peligro del colapso total, es otro caso, así como del robo de sus campanas, para lo cual no hizo la denuncia oficial que le correspondía ante la Procuraduría General de la República, ya que se trata de bienes de la nación. Y de la casona señorial de José de Escandón en Santander Jiménez, el primero en importancia por su relieve histórico en Tamaulipas, ya mejor ni hablamos, pues el abandono que dicha dependencia ha tenido de ese monumento es patética. Como grave ha sido también el obstruccionismo constante en los peritajes arquitectónicos salidos de esa dependencia cuando el Gobierno del Estado promovía una obra de restauración. Y hoy en día son tan risibles como pretender obstaculizar una modesta obra social en la plaza pública de la villa de Palmillas, o la resistencia que ya se prepara en la H. Matamoros contra las posibles negativas pseudotécnicas a las obras de restauración del Fuerte Casamata que ya deben iniciar, gracias al apoyo obtenido por el ayuntamiento directamente en el Congreso de la Unión.

Pero si de pensar en positivo se trata, habría que hacer un diagnóstico realista y realizable de la forma en que se ha de atender la protección de nuestro patrimonio histórico edificado en Tamaulipas. Conforme se aprecia en los tiempos presentes, ha despertado ya una inquietud de las propias comunidades municipales a conservar y proyectar hacia el futuro los inmuebles que le permiten, de manera efectiva, hacer válido eso que llaman identidad propia. Por ejemplo Tampico, que tiene en el imponente edificio de la Aduana Marítima un referente clave de la identidad portuaria, como lo mismo podríamos decir de lo que representa el faro de La Barra para Ciudad Madero. Y ya que estamos en el profundo sur cabría preguntarnos sobre el destino que se quisiera dar a los inmuebles históricos que se rescatarán y restaurarán, como se deja ver en el antiguo penal de Andonegui, que debería convertirse en un espacio cultural y social de primera magnitud. Lo mismo que aquí en la propia Capital, donde vemos deteriorarse la antigua estación del ferrocarril, lo mismo que dignificar la plaza situada frente a ella, donde se erige la extraordinaria columna de la Independencia, eso es un sitio histórico de primer nivel. Otro testimonio arquitectónico muy notable, propiedad del Gobierno del Estado hoy en día, si bien no en un contexto urbano, sí podría estar al servicio social y cultural de numerosas y muy pobladas comunidades semiurbanas: el castillo de la hacienda de El Naranjo, municipio de El Mante.

Y si bien los ejemplos antes citados todos son muy destacados, existen otros muchos que su conservación depende de la identificación y de la valoración que se les asigne y de las medidas que se tomen para que permanezcan hacia el futuro. Naturalmente que se trata de una cuestión muy extensa, pero algo hay que hacer, entre lo que es indispensable la armonización y actuación efectiva de los tres niveles de gobierno, en un esfuerzo conjunto y consensado, con argumentos técnicos válidos y auditables, sin que se imponga una autoridad federal a rajatabla y que prevalezcan los legítimos intereses de la entidad y de los municipios en su afán de conservar lo propio. Retomar y hasta modernizar conceptos del registro de monumentos ya existente sería una tarea indispensable, porque no se debe desechar lo ya realizado y negar su valor sería un retroceso; 25 años de actividad institucional costaron para armar esa base de datos, un tiempo que ni el lustro que tiene frente así la presente administración puede remontar, a menos que dedique un súperequipo en tiempo completo a las tareas de registro, valoración, diagnóstico y rescate de dicho patrimonio; ¿o será el ICOMOS quien va a realizar esa labor?