CIUDAD DE MÉXICO (AP) – Los mexicanos están entre los mayores consumidores de refrescos del mundo, así que es comprensible que cuando Coca-Cola y Pepsi anunciaron que detendrían la distribución de bebidas en Ciudad Altamirano, una localidad del estado de Guerrero, cundiera la preocupación entre sus habitantes. El motivo: las extorsiones de delincuentes.

“Hay que reconocer que el refresco forma parte de la dieta de todos nosotros, entonces imagínate, las dos principales empresas que se dedican a distribuir refresco en toda la región, se cerraron operaciones”, explicó el miércoles Roberto Álvarez, portavoz de seguridad del estado. “¡Tremendo!”

PepsiCo México indicó que su embotellador Grupo Gepp “tomó la difícil decisión de suspender sus operaciones de distribución en Ciudad Altamirano al no estar disponible las condiciones necesarias para la distribución de sus productos”.

“PepsiCo respeta la decisión de Gepp”, agrega la nota.

Álvarez dijo que el gobierno aún investiga los motivos del cierre pero reconoció que aunque no se haya aclarado por qué fue su distribuidor en la zona cerrada el fin de semana, las autoridades no descartan la posibilidad de que se trate de presiones que ejercen grupos delictivos (…) obviamente para multas de extorsión, no lo vamos a negar “.

Y esa fue, aparentemente, la razón del cierre de la planta de Coca-Cola en marzo.

Coca-Cola Femsa tenía el registro en enero de sus empleados en Ciudad Altamirano “comenzó a recibir constantes amenazas del crimen organizado” e incluso entonces hablaba de un “ataque injustificado” contra uno de sus empleados aunque no fue aclaró lo sucedido.

La compañía denunció en ese momento que no tenía ley y prevalecía la impunidad en toda esa zona.

“La lógica más elemental sugiere que en el momento en que la empresa Coca-Cola cierra operaciones, la única que queda es Pepsi Cola, y obviamente se convirtió en blanco de los grupos delictivos”, agregó Álvarez.

Un comerciante de Ciudad Altamirano indicó que los grupos criminales permiten que las empresas transportistas lleven refrescos de localidades cerradas pero 50% más caros. Las tiendas del municipio solo pueden comprarles a ellos y si intentan introducir “clandestinamente” refrescos de cola comprados en otros lugares, los delincuentes les confiscan el material en los controles que tienen en las carreteras.

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