Establecimiento del Estado de Las Tamaulipas, julio de 1824

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Octavio Herrera Pérez

 

En 1820 la Constitución de Cádiz fue reimplantada en España y su imperio de ultramar tras la irrupción de una rebelión liberal. Esto en gran medida estimuló la independencia de México, donde en ese inter se volvieron a constituir las diputaciones provinciales a lo largo y ancho de la Nueva España. Dichas diputaciones siguieron funcionando después del 27 de septiembre de 1821, como fue el caso de la que representaba a las Provincias Internas de Oriente, cuya sede se ubicaba en la ciudad de Monterrey. Sin embargo, los nuevos tiempos independientes desataron las ambiciones y rivalidades regionales, lo que se expresó en la disputa entre las ciudades de Saltillo y Monterrey, ambas deseosas de ser la sede definitiva de la diputación provincial en la etapa política que recién se inauguraba en el país, pues se consideraba que se convertiría en la máxima autoridad de las Provincias de Oriente. Como consecuencia de este conflicto, las elites políticas del Nuevo Santander decidieron elegir su propia diputación provincial, el 29 de enero de 1822, elevando este acuerdo ante el congreso nacional para su aprobación, y cuya capital sería la villa de San Carlos. Así, tras varias discusiones en el congreso, el 7 de octubre de ese mismo año se recomendó reconocer a la diputación de Nuevo Santander.

La nueva diputación del Nuevo Santander finalmente se instaló el nueve de abril de 1823, pero no en San Carlos sino en la villa de Aguayo, población que había fungido de facto como capital de la provincia durante la guerra de independencia por iniciativa del brigadier Joaquín de Arredondo. Paralelamente a la instalación de esta diputación, a nivel militar de la región fue nombrado el general Felipe de la Garza como comandante de las Provincias Internas de Oriente, quien influyó para que la capital del Nuevo Santander se mudara a la villa de San Carlos, lo que favorecía a sus intereses políticos. Mientras tanto, en el contexto político nacional el año de 1823 fue de profundas transformaciones. En marzo el emperador Iturbide abdicó y para noviembre el congreso reinstalado se encaminaba a constituir una república federal, donde las antiguas provincias pasarían a definirse como entidades federativas, con sus propios poderes locales, divididos en forma tripartita, como ejecutivo, legislativo y judicial. En este tránsito, las diputaciones provinciales jugaron un rol muy importante, pues fueron la plataforma para la formación de las legislaturas de los nuevos estados. Así sucedió en el Nuevo Santander, que en esos días permutó su nombre por el de “Las Tamaulipas”, bajo el acuerdo del congreso nacional.

 

LA CAPITAL ORIGINAL DE LAS TAMAULIPAS

La instalación de la legislatura constituyente no estuvo exenta de un nuevo enfrentamiento entre San Carlos y Aguayo para que en alguna de ellas se instalara este órgano de gobierno. El hecho de que se hubiera decidido la elección de una tercera población para evitar males mayores nos habla de la creciente escalada de este conflicto. Fue en la villa de Padilla, situada a una distancia equidistante de aquellas dos, donde se instaló la capital del naciente estado de Las Tamaulipas. Ya en funciones, el jefe político Juan Francisco Gutiérrez expidió el 7 de julio de 1824 un decreto para declarar que cesaba la diputación provincial y se iniciaban los trabajos del congreso constituyente del estado de Las Tamaulipas, cuya misión sería redactar la Constitución política local y la organización del nuevo gobierno de la entidad. También se gestó y promulgó la legislación que comenzó a articular la estructura a esta entidad federativa. La base fue el decreto número uno del congreso constituyente, fechado el nueve de julio de 1824, por medio del cual se reconoció que dicha legislatura estaba legítimamente instalada “y en actitud de ejercer sus funciones”; en consecuencia, quedaba extinguida a partir de ese momento la diputación provincial, que había sido el órgano de transición entre el antiguo régimen colonial y la nueva institucionalidad republicana. A partir de entonces, comenzó la generación de la legislación desde este órgano representativo de gobierno, “para el mayor bien y felicidad del estado”, lo mismo que fincaría “lo conveniente” en materia de la hacienda pública. Gutiérrez, como el jefe político de la diputación provincial, fungió interinamente al frente del ejecutivo, hasta que unos días más tarde el congreso designó al titular.

Integraron la primera legislatura como diputados propietarios y electos por las juntas electorales de la provincia, José Antonio Gutiérrez de Lara, Miguel de la Garza García, José Eustaquio Fernández, Juan de Echeandía, José Antonio Barón y Raga, José Ignacio Gil, José Feliciano Ortiz, Juan Nepomuceno de la Barrera, Francisco María de la Garza, Rafael Benavides y Venustiano Barragán. Los suplentes fueron Felipe Lagos, José Vicente Pérez, Juan Bautista de la Garza y José Bernardo Gutiérrez de Lara, siendo éste último nombrado como como el primer gobernador del estado, el 18 de julio. Y para reafirmar su supremacía en la entidad, el congreso constituyente demandó el reconocimiento de su legitimidad por parte de cualquier otra autoridad, corporaciones y empleados del estado, “de cualquier clase y dignidad que sean”, no solo del orden civil, sino también las de carácter militar y eclesiástico. En todos los casos, se debería proclamar el reconocimiento en forma pública, según la costumbre que venía de atrás. También se expidió un decreto que iniciaba la regulación de los mecanismos electorales.

Envuelta la legislatura constituyente en el extraordinario episodio de la entrada del ex emperador Agustín de Iturbide a la villa de Padilla en los mismos días en que organizaba el gobierno del estado, tras su ejecución el día 19 de julio fijó su posición en un extenso documento, que en su parte conclusiva condenó la actuación política del titular del primer imperio mexicano.  En este contexto fundacional de las instituciones del estado, el fusilamiento de Iturbide vino a representar una situación clave, que puso a prueba la viabilidad del proyecto federal republicano, ante los ojos de toda la nación. Por tal razón hubo que resaltar el papel jugado por el general Felipe de la Garza, a quien no le tembló la mano para ejecutarlo, quien fue honrado como “Benemérito del Estado”. Este hecho histórico tuvo muchas reacciones en el país, al grado de que el congreso del también naciente estado de Veracruz manifestó que inscribiría con letras de oro el nombre del Congreso de Tamaulipas. Y en consonancia con los peligros que afrontaba México en esta etapa para consolidar su independencia, la legislatura local emitió desde aquí un exhorto a los habitantes de todo el estado para estar preparados a la defensa de la República y contra las intenciones de la reconquista española.

 

CREACIÓN DEL PODER JUDICIAL

Como parte de sus facultades legislativas y bajo el orden republicano de acabar de constituir los tres poderes del estado, el primer congreso constituyente de Tamaulipas definió el ramo de justicia con la creación del Tribunal Supletorio de Justicia. Dicho tribunal se inspiraba en la ley del nueve de octubre de 1812 de las cortes de Cádiz. Sus funciones esenciales sería el resolver los negocios judiciales canalizados anteriormente a la Audiencia de México. Por su parte, los jueces de letras, sujetos al tribunal supletorio, atenderían las causas civiles y criminales, antes juzgadas por los alcaldes constitucionales. Los primeros magistrados de este tribunal fueron Juan Villatoro, Alexo de Ruvalcaba y José Indalecio Fernández. También se nombró a un fiscal para interactuar con dicho tribunal, como procurador de la justicia en forma oficial.

 

INICIO DEL PERIÓDICO OFICIAL

Desde la instalación del Congreso Constituyente en la villa de Padilla, el Gobierno del Estado de Tamaulipas dispuso de una imprenta propia, en la que se imprimieron la primera serie de los decretos y circulares generados por la legislatura. También salió de las prensas de dicha imprenta el primer periódico oficial de la entidad: “El Termómetro Político”. Fue el norteamericano Godwin B. Cotten quien estuvo a cargo de la imprenta oficial del estado.

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