Rogelio Rodríguez Mendoza

Cd. Victoria, Tam. – “La corrupción ha favorecido la consolidación de estructuras y redes criminales, debilitando la credibilidad y legitimidad del gobierno en sus distintos niveles, formando una cultura de deshonestidad entre la sociedad tamaulipeca y contribuyendo con ello a su proliferación” afirmó Javier Castro Ormaechea, al rendir su informe anual de labores al frente de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Ante el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Glafiro Salinas Mendiola; del Procurador General de Justicia del Estado, Irving Barrios; del presidente del Poder Judicial, Horacio Ortiz Renán; del presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, Arturo Narro Villaseñor, y de la comisionada del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, (Itait), Rosalinda Salinas Treviño, reunidos en el Auditorio del Congreso del Estado, dijo que “la corrupción ha permitido en los distintos niveles de gobierno la aprobación y operación de programas sin sustento, que impide que los recursos públicos coadyuven al desarrollo y bienestar de la ciudadanía en general”.

Y aclaró: “La Fiscalía no actúa a capricho, venganzas personales o revanchismos políticos. Actúa única y exclusivamente contra los servidores públicos, y en su caso coparticipes, que han desplegado una conducta contraria a las leyes, para que éstos sean castigados para ejemplo de los que han o pretendan llevar a cabo las mismas conductas”.

Dijo que en todos los casos se ha actuado con firmeza, pero sin odio y sin rencores.

“Solo hemos venido aplicando imparcialmente la ley y buscando acabar con la impunidad que vino reinando por varias décadas en nuestro Estado” indico.

Castro Ormaechea hizo un recuento del trabajo realizado por la Fiscalía en su primer año de ejercicio.

En ese lapso fueron recibidas 162 denuncias y expedientes ministeriales, de los cuales en 23 se dictaron reservas, archivos temporales y no ejercicios de la acción penal por no haberse encontrado elementos para determinar una posible participación delictuosa de los imputados.

En otros 44 asuntos la Fiscalía se declaró incompetente por razón de materia; 12 han sido consignados o judicializados y seis más están listos para ser turnados ante un Juez.

Un total de 77 asuntos están en trámite de investigación.

Se han solicitado ordenes de aprehensión contra 33 servidores públicos de las cuales fueron concedidas 24. Algunas ya han sido cumplimentadas, pero en otros casos las personas están huyendo.

Los funcionarios mayormente imputados son ex presidentes municipales, ex secretarios y ex directores de área.

El 28% de los hechos investigados son por el delito de Peculado, el 16% por el Uso Indebido de Atribuciones y Facultades, 17% por el delito de Abuso de Autoridad, y el 39% por el resto de los delitos que conforman el catálogo penal en materia de corrupción.

Un total de 69 servidores públicos han sido citados para declarar en calidad de imputados y/o indiciados. De ellos 49 pertenecen a la anterior administración estatal y 20 a la actual.

Negó que la Fiscalía esté politizando su trabajo.

“Mucho se ha cuestionado sobre el funcionamiento de la Fiscalía, en torno a la supuesta politización de los asuntos sometidos a estudio; dicho cuestionamiento, tiene una explicación muy sencilla, pues en todas las conductas que constituyen delitos de corrupción, por necesidad legal debe estar involucrado un servidor público, y en muchas ocasiones los mismos resultan ser también personas que conjugan su labor pública con actividades políticas, y por lo tanto al momento que son investigados o en su caso sancionados erróneamente se piensa que es debido a su vida política, cuando en realidad es debido a su falta de probidad como servidores públicos, pues nunca se ha castigado a una persona por una actividad política, sino por utilizarla para enriquecerse en perjuicio de la sociedad” refirió.

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